Sexo-traficantes en la red (sexo-menudeo)

Al igual de lo que sucede con el mercado de las drogas, la compra y venta de sexo en países como México no está plenamente regulada e incluso, en algunos ordenamientos jurídicos del país, es una actividad que está penada. Pero, como también sucede con el mercado de las drogas, centenares de personas se dedican hoy a la prostitución y muchos lo hacen activamente a través de la Internet, formando un vigoroso mercado de ofertantes y demandantes de sexo cuyos beneficios y ganancias son difícilmente ponderables.

En el segmento gay del ciberespacio, exquisitos "sexo-traficantes" navegan en distintos sitios Web y a través de las redes sociales, ofreciendo sus servicios de manera independiente y bajo todo tipo de modalidades, para toda clase de fantasías y con las más variadas tarifas y clientelas.

En un primer momento, allá en la década de los noventa y por largo tiempo, el esquema de agencia de escorts virtual funcionó espléndidamente, debido a la relativa seguridad que daba a las personas saber que alguien o algún tipo de empresa respaldaba la efectividad de los chicos (nombrados sexoservidores, escorts, masajistas, acompañantes, modelos, etc.).

Sin embargo, quizás como una consecuencia de la crisis económica en la región y cada día con mayor intensidad, decenas de hombres jóvenes ingresan a las filas de la prostitución aprovechando las ventajas que brindan las nuevas tecnologías de la comunicación para desempeñar esta actividad. Redes sociales como Manhunt o Gay.Com conectan, día con día, a un gran número de escorts con nuevos clientes en ciudades como el Distrito Federal, Guadalajara, Cancún o Monterrey, conformando un mercado activo y ágil.  

Sexo-traficantes en la red (los cárteles... o algo así)

Existen también en la red negocios establecidos cuyo objeto es exclusivamente la promoción de chicos acompañantes. En casi todos los casos, la mayor parte de sus ganancias viene directamente de la venta de espacios a sus anunciantes e incluso de la producción de materiales gráficos (como fotos y vídeos). Otros portales, sólo incluyen anuncios de sexoservidores para diversificar su oferta y, claro, atraer a más cibernautas.

La ventaja que reporta a estas organizaciones el manejo de sitios Web, de tecnología digital y de importantes flujos de tráfico virtual, es bien aprovechada para atraer y mantener participando a chicos que ofrecen sus servicios sexuales.

De acuerdo con Anodis (Agencia de Noticias sobre la Diversidad Sexual), en México existen más de 800 sitios Web vinculados con la venta de servicios sexuales para la comunidad gay, lo que no necesariamente tendría que corresponder con el número de agencias existentes en el país y, mucho menos, con el grueso de personas dedicadas a esta actividad.

En materia de compra-venta de materiales con contenidos de sexo explícito (ya sean fotografías o películas en distintos formatos), hay que decir que la insuficiente y a veces inexistente regulación jurídica del mercado -en México y en gran parte de los países latinoamericanos- ha impedido el surgimiento y crecimiento de una industria domestica con producción y distribución propia, fortaleciendo en su lugar al gran empresariado norteamericano y europeo de la pornografía distribuida en la red.

En México (Mecos Films) y en Brasil (AMG), son sólo dos empresas que surgen hoy tímidamente a la competencia en un mercado mundial vigoroso, acaparado hoy por los "cárteles" norteamericano y europeo -los principales productores y distribuidores de "entretenimiento para adultos".

El debate de la legalización

Como pasa con el mercado de las drogas -como la marihuana y otras sustancias "suaves"-, la actividad de la prostitución no ha sido alcanzada por la ampliación de derechos mercantiles y civiles para quienes la ejercen. Por el contrario, al igual que quienes comercian con las sustancias enervantes, los que venden ciertos productos y servicios sexuales siguen siendo satanizados, marginados y -en cierta medida- discriminados por la sociedad.

En muchas ciudades, la corrupción policiaca y de las autoridades, y desde luego sus enormes ganancias económicas, han sido el principal motivo para desalentar la regulación de esta actividad. Tal y como sucede con el narcotráfico, autoridades corruptas en contubernio con criminales cobran derecho de piso, explotan y maltratan a los trabajadores sexuales e incluso a sus clientes. 

Varios intentos se han hecho en cámaras legislativas locales (como en la Asamblea del Distrito Federal, en México) para regular el mercado y dar certeza jurídica a quienes se dedican a la prostitución, pero ninguna de estas iniciativas ha prosperado en su propósito de ampliar derechos civiles para sus actores.

Mejor suerte ha tenido la promoción de leyes y códigos -de corte conservador y reaccionario- que penalizan y satanizan estas conductas; la prohibición en los hechos posterga cualquier intento de dar certeza a una actividad que, a pesar de todo, existe vigorosa en los márgenes de la legalidad, transcurre con discreta complicidad y abrumadora normalidad.

Para decidir en libertad

Distintas son las motivaciones que llevan a una persona a ofrecer sus servicios como trabajador sexual o, en la otra mano, a contratarlos. Estas son decisiones que suponen una valoración inteligente o racional por parte de cada individuo, y no está a discusión aquí ningún argumento sobre su moralidad o su compatibilidad con las "buenas costumbres".

Lo que es un hecho -al menos en la Ciudad de México-, es que muchos chicos para los que están cerrándose hoy las posibilidades de emplearse y desarrollarse en los sectores formales de la economía, el sexoservicio se abre como una opción de vida que, en muchos casos, puede resultar tan lucrativa, seductora y disfrutable como cualquier otra.

Como en cualquier otra actividad humana, el ejercicio de la prostitución encierra sus propios riesgos; la explotación económica, la violencia física y la transmisión de enfermedades sexuales, por mencionar algunos, son hechos que vulneran negativamente a quienes trabajan con su cuerpo. Su actividad, pareciera ser, les aleja de la posibilidad de poder ejercer con plenitud un importante número de derechos económicos y civiles, o garantías constitucionales como el acceso a la salud,  a la educación o a la vivienda. ▄