En una
conferencia de prensa en Tokio, Japón, el presidente
Felipe Calderón entró al tema de la controversia
constitucional que la Procuraduría General de la
República ha promovido sobre la ley que legaliza el
matrimonio entre homosexuales en el Distrito Federal.
"La
Constitución de la república habla explícitamente del
matrimonio entre el hombre y la mujer -dijo- y ahí hay
simplemente un debate legal que tiene que ser resuelto
por la Suprema Corte, pero no tiene éste ninguna
intencionalidad política ni parte de ningún prejuicio".
"Yo,
desde luego -continuó-, respeto plenamente las
preferencias sexuales de las personas y a las parejas
integradas por personas del mismo sexo, pero la
Procuraduría presenta año tras año decenas de
controversias constitucionales donde hay una duda
razonable sobre la constitucionalidad de una disposición
de un ámbito legislativo local".
El
Presidente no citó el artículo de la Constitución que
"habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y
la mujer", pero yo sólo conozco uno. Es el 30, que no
tiene nada que pudiera hacer suponer que nuestra Carta
Magna prohíbe los matrimonios entre personas del mismo
sexo.
El texto
se refiere a quiénes pueden ser mexicanos por
naturalización e incluye a "La mujer o el varón
extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con
mujer mexicanos...".
El
artículo 30 no define el matrimonio. Su redacción no
establece, por otra parte, que para ser mexicano por
naturalización el varón deba estar casado con una mujer
o la mujer con un hombre. Simplemente dice que por
matrimonio se puede adquirir el derecho a la
naturalización.
El otro
artículo de la Constitución con el que se ha buscado
justificar la controversia constitucional es el cuarto,
el cual establece: "El varón y la mujer son iguales ante
la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo
de la familia".
Pero
lejos de prohibir el matrimonio entre personas del mismo
sexo, la redacción del artículo cuarto parece ordenar
exactamente lo contrario. El texto determina que los
hombres y las mujeres son iguales ante la ley sin
discriminar por preferencia u orientación sexual. Además
mandata a la ley la protección de la familia. Sería
absurdo considerar que la mejor forma de proteger el
desarrollo de la familia fuese prohibir la formación de
familias a un grupo de personas sólo por ser del mismo
sexo.
No hay
hasta donde yo puedo ver ningún pasaje en la
Constitución que impida a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal formalizar el matrimonio entre
homosexuales. De hecho, la controversia que ha promovido
la PGR sólo puede explicarse por razones políticas. El
matrimonio entre homosexuales, después de todo, no es
popular porque la mayoría de la población es
heterosexual y porque hay una marcada discriminación en
la sociedad contra esta minoría. La PGR parece querer
promover esta discriminación con el propósito de
permitirle al PAN obtener ventajas políticas.
La otra
posible razón de la acción de la Procuraduría sería
quedar bien con la Iglesia Católica, la cual ha
encabezado la lucha contra los matrimonios entre
homosexuales. Resulta, sin embargo, inquietante que una
institución de un Estado que presume ser laico esté
actuando en representación de una organización
religiosa.
Yo
entiendo que el matrimonio entre homosexuales no es
popular. Pero los temas que tienen que ver con derechos
fundamentales no se pueden definir por mayoría de votos.
Toda persona tiene derecho a hacer una vida en común con
la persona que ama, y a hacerlo con los derechos y
obligaciones que la ley establece.
Buitres
Nada más
aborrecible que ver a los políticos tratando de
aprovechar las muertes de los jóvenes de Ciudad Juárez.
Que si la responsabilidad de la violencia es del
gobierno federal panista; que si de los gobiernos
estatal y municipal priistas. Las declaraciones de los
legisladores sobre este tema nos muestran a un verdadero
grupo de buitres.
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