En el
Congreso estadounidense recién ha revivido el debate
sobre el viejo tema de los límites de tolerancia de la
sociedad para aceptar la identidad plena y los derechos
de los homosexuales y la facultad que se abrogan ciertos
grupos para decidir cómo debe la gente vivir sus vidas.
El mes
pasado, fue el Presidente Barack Obama quien anunció su
intención de cumplir con una de sus promesas de campaña
y su decisión de abocarse a la derogación de una ley que
glorifica la hipocresía.
La semana
pasada, fue la elocuente comparecencia ante el Comité de
las Fuerzas Armadas del Senado, del Almirante Mike
Mullen, el Jefe de Jefes de Estado Mayor y principal
asesor militar de la presidencia, la que fijó el tono
adecuado para la discusión.
Abogando
por la derogación de la norma que bajo el principio de
"no preguntes ni digas" obliga a los soldados
gay a ocultar su
sexualidad, Mullen dijo, "cuando pienso en este asunto,
no puedo evitar el desasosiego que me causa el hecho de
de que mantengamos vigente una política que obliga a
hombres y mujeres jóvenes a mentir para poder dedicar su
vida a defender a sus compatriotas", y remató diciendo,
"eso no es correcto".
Y yo le
añadiría, que la mentira "piadosa" se vuelve pecado
capital cuando se considera que estos soldados se
afiliaron voluntariamente a una institución en la que la
mentira es castigada con severidad pero tienen que
aceptar ser regidos por una ley que les obliga a callar
para ocultar cómo realmente son, piensan y sienten.
El
Secretario de Defensa Robert Gates, quien también estuvo
presente en la comparecencia, fue más cauteloso pero no
menos claro al señalar que el debate ahora no es si se
debe repeler la ley sino la manera en la que debería
hacerse el cambio para evitar mayores complicaciones.
Ese mismo
día, el General Colin Powell, también se unió al grupo
de militares que se pronunciaron en contra de la ley,
"al constatar que las actitudes y las circunstancias"
que lo llevaron a apoyarla hace 17 años, habían
cambiado.
La ley
que actualmente entroniza la mentira fue aprobaba en
1993, al comienzo de la presidencia de Bill Clinton,
como una medida conciliatoria cuyo propósito, según se
dijo en ese momento, era acabar con la discriminación
basada en la orientación sexual de los reclutas.
La
realidad es que de entonces a la fecha no se ha acabado
con la discriminación y sí ha servido para rechazar a
unos 13 mil soldados que o se declararon homosexuales o
fueron denunciados como tales.
Quienes
se oponen a que se revoque la ley mordaza argumentan que
es imprescindible "para mantener la cohesión y el
espíritu de cada unidad de combate".
Su
argumento es falaz. En los Ejércitos de 20 de los 26
países miembros de la OTAN hay soldados homosexuales y
en ninguno de ellos se ha reportado problema alguno de
cohesión o de falta de espíritu.
Más aún,
los soldados norteamericanos,
gay y no gay,
han combatido al lado de soldados
gay y no
gay de Gran Bretaña,
Canadá o Australia, países donde los homosexuales sirven
en la defensa de su país sin tener que ocultar su
sexualidad, y nunca se han reportado problemas ni de
cohesión ni de espíritus decaídos.
Pero no
se vaya a pensar que en esta renovada batalla para vivir
en una realidad sin apariencias, Estados Unidos está
sólo en el continente. En la Ciudad de México, por
ejemplo, lo que ahora está en discusión es el derecho de
los matrimonios entre personas del mismo sexo a adoptar
hijos e hijas.
En
Argentina, ya se permite el matrimonio entre
homosexuales y en Uruguay y en Colombia, si bien no se
reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo
pero sí se permite, con ciertas variantes y limitantes,
la unión civil.
Más aún,
Uruguay sigue la ruta marcada por el Gobierno de la
Ciudad de México y por Argentina, que en este tema va a
la vanguardia en el hemisferio, y lo que ahora se
discute es el derecho de una pareja del mismo sexo a
adoptar niños o niñas.
En El
Salvador fracasó un intento de prohibir expresamente los
matrimonios homosexuales, aunque en Costa Rica lo que
fracasó fue un intento de legalizar las uniones de hecho
entre homosexuales.
Bolivia y
Ecuador incluyeron en sus respectivas Constituciones la
prohibición de la discriminación sexual aunque el
Gobierno peruano ha promulgado un nuevo reglamento para
la Policía, que sanciona con severidad a los agentes
homosexuales argumentando que su sexualidad menoscaba la
imagen de la institución.
A final
de cuentas, es evidente que por todo el continente ha
empezado a prender con fuerza una muy saludable lucha en
pro del realismo y en favor de los derechos humanos y
civiles de los homosexuales y eso es lo verdaderamente
importante.
sergio@intelatin.com
