* En menos de un año recibió diez visitas de verificación; Cofepris la suspende

Acosan a empresa que concursa para surtir condones a la Ssa

* Trenkes presentó la mejor oferta económica para la venta de 27 millones de unidades

Domingo 1 de octubre de 2006

ANGELES CRUZ MARTINEZ

En menos de un año, la empresa Trenkes SA, fabricante de condones, ha recibido diez "visitas de verificación" de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud (Ssa). En la más reciente, el pasado viernes, con el argumento de que los datos de las cajas están incompletos, los verificadores suspendieron las actividades de la fábrica que la empresa tiene en Acapulco.

El personal de la Ssa que durante varias horas realizó la inspección se hizo acompañar por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes portaban armas largas, lo cual era innecesario porque el establecimiento no opuso en esta ocasión ni en ninguna de las anteriores la más mínima resistencia a las visitas de inspección.

Así lo aseguró Alfonso Treviño, representante legal de Trenkes, quien resaltó que, casualmente, el operativo sanitario ocurre apenas unos días después de que la Ssa dio a conocer que esta empresa va adelante en el proceso de licitación para la compra de 27 millones de condones. Señaló que esta adquisición es una de las más grandes de la dependencia.

El lunes pasado se hizo la presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de los participantes en la licitación pública internacional número 00012005-014-06. Además de Trenkes, están el distribuidor Dentilab y una empresa importadora de preservativos de Malasia.

A partir de ese día, y luego de que se observó que Trenkes ofreció el condón a 48 centavos la unidad, contra 52 de Dentilab y 54 del importador de Malasia, empezó la evaluación técnica sobre los procesos de manufactura de cada una de los establecimientos.

Trenkes fabrica condones de hule látex desde hace más de 30 años con la marca Condo. En octubre de 2005 decidió participar en los concursos del sector público, donde durante varias décadas sólo existió un proveedor, la fábrica Profilatex, y su distribuidora Dentilab, ambas sociedades anónimas. A decir de Treviño, esta empresa vendía su producto a un precio hasta de 125 pesos la caja de cien preservativos.

En esta ocasión, y debido a la competencia, el precio ofrecido por Dentilab fue de 52 pesos el ciento; Trenkes ofertó a 48.50 pesos la caja.

Situación similar ocurre en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde también Dentilab era prácticamente el único proveedor. En el más reciente concurso para adquirir los preservativos que el IMSS distribuirá entre sus derechohabientes en 2007, Dentilab se vio obligado a bajar sus precios y ganó la licitación al ofrecer su producto a 52 pesos la caja de cien. En 2005 vendió el mismo preservativo a 125 pesos.

Queja ante la CNDH

Luego de las acciones, que Alfonso Treviño considera como un abuso de autoridad, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la cual da cuenta de las diez "visitas de inspección" que desde noviembre de 2005 ha recibido en su fábrica.

Aseguró que en cada una, se ha proporcionado a los verificadores de la Cofepris todo el material e información que han requerido. Sin embargo, el pasado viernes llegaron a la planta, ubicada en Acapulco, Guerrero, ocho inspectores -a revisiones de este tipo asisten solamente dos-, al frente de los cuales iba Sergio Maltos Uro, director ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria, acompañados por los elementos de la AFI.

Treviño resaltó que ninguno de los inspectores pudo explicar cuál era el motivo de la visita ni de la presencia de la AFI. Alguno de los efectivos policiacos comentó que acudieron al llamado de Maltos Uro.

Luego de que los verificadores revisaron la planta, únicamente "detectaron" que las cajas de los condones no tenían la dirección del lugar donde se fabrican y sólo mencionan el sitio donde se encuentra el responsable del producto.

El representante legal de Trenkes aseguró que la ley establece que los empaques deben incluir el domicilio del responsable del producto, no así del lugar donde éste se elabora. Sin embargo, pese a que no encontraron ninguna falla en el proceso de manufactura, "agarraron ese pretexto" para colocar los sellos de suspensión de actividades en la fábrica.

Treviño solicitó a la CNDH su intervención para garantizar el respeto a sus garantías individuales.