Justicia a puerta cerrada

Por Víctor Fuentes Coello / 8 de octubre de 2006

Reportaje. Tribunales colegiados. Rezagados en la transparencia, están los tribunales de circuito aferrados a la oscuridad en la impartición de justicia

Los tribunales colegiados de circuito son, después de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los más importantes del país, actualmente suman 173; y a pesar de la relevancia en los litigios que resuelven, sus sesiones aún son privadas.

Hasta hace dos años era imposible para el público acceder a sus sentencias, de ahí el surgimiento de voces, incluso al interior del Poder Judicial, que consideran necesario abrir más al escrutinio público el trabajo de estos tribunales.

Si bien los magistrados cuentan desde noviembre de 2004 con un sitio de internet para publicar sentencias, sólo el 0.03 por ciento de las emitidas desde entonces está disponible.

"Me parece incomprensible e inconcebible que una función tan delicada como la impartición de justicia se desenvuelva en la opacidad. No veo, salvo en los casos de impedimentos legítimos, razón para que sea así", dijo Gustavo Carvajal Isunza, litigante en materia ambiental.

El magistrado Jean Claude Tron Petit es uno de los proponentes de sesiones públicas, incluso televisadas a través del canal judicial, en los casos que puedan ser de interés público.

"Enfrentar a los jueces con la sociedad puede ser incómodo, pero a la postre mejora la legitimación y calidad judicial", mencionó.

Quienes se oponen a abrir las sesiones argumentan que por ley deben ser privadas, ya que la abrumadora mayoría de los asuntos sólo son de interés para las partes; además, dicen, los tribunales no tienen infraestructura para recibir al público, pues son como cualquier oficina burocrática.

Cada tribunal colegiado cuenta con tres magistrados, en total suman 519 -100 de ellos mujeres-, y su percepción mensual promedio es de 168 mil pesos libres, casi lo mismo que gana un secretario de Estado.

La mayoría de los magistrados prefieren mantener la comunicación mediante el conducto tradicional del Semanario Judicial de la Federación. Pero en éste sólo aparecen extractos de algunos párrafos para resumir un nuevo criterio, no sentencias completas, y son muchos los casos relevantes que ni siquiera dan lugar a una tesis.

"Si las sesiones no son públicas, ayudaría mucho que al menos hicieran público el proyecto de resolución", opinó Ricardo Salgado, director jurídico del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

"En nada afecta al tribunal y sí lo puede beneficiar con los alegatos que las partes ofrezcan", agregó.

 

Por encima de todos

Aunque sean poco conocidos los tribunales colegiados están, literalmente, por encima de todos.

A sus fallos tienen que someterse los poderes judiciales de los estados, los tribunales administrativos, agrarios y laborales, y todas las autoridades municipales, estatales y federales.

Cada vez son más. En 1994, antes de la reforma judicial, había 82 tribunales colegiados, pero en una década la cifra creció en más de 100 por ciento, impulsada por la litigiosidad cada vez mayor de los mexicanos.

Entre enero y julio del 2006, los colegiados recibieron 162 mil casos nuevos, un promedio de 771 diarios; pero a éstos hay que sumar casi 53 mil que estaban pendientes de resolución desde 2005.

Los juicios se han vuelto cada vez más especializados y difíciles. Por ejemplo, hay 35 tribunales en materia "administrativa" -15 de ellos en el DF-, lo que solía limitarse a disputas municipales, ejidales y cuestiones de impuestos.

Estos magistrados también tienen que saber de ecología, competencia económica, telecomunicaciones, transparencia informativa, comercio exterior, derecho de autor, propiedad industrial, temas educativos y hasta derecho del deporte.

Y tienen que saber, porque a fin de cuentas son la máxima autoridad del país en todas estas materias, salvo los muy contados casos que llegan a la Suprema Corte.

 

Defectos y virtudes

Desde que fueron creados en la década de los cincuenta para aligerar la carga de trabajo de la Suprema Corte, los colegiados han crecido en importancia para los abogados, pues a estas alturas ya son muy pocos los casos que llegan a la SCJN.

"Sin lugar a dudas existe una abismal diferencia entre los magistrados de los tribunales colegiados, y sus pares en la justicia de fuero común de los distintos tribunales superiores de justicia del país", expresó el penalista José Antonio López Alonso.

Esta opinión se ha convertido en un lugar común, a grado tal que muchos abogados litigan "para el amparo", es decir, interesados sólo en lo que pasará ante la justicia federal, menospreciando a los tribunales locales.

La brecha es financiera. El Poder Judicial federal, incluida la Suprema Corte, tuvo en 2005 casi 20 mil millones de pesos de presupuesto; los 32 tribunales locales sumaron entre todos 10 mil 200 millones.

Carvajal Isunza señaló que la virtud también es defecto, pues impide el desarrollo adecuado de los tribunales locales, y se les induce a no cuidar la calidad de sus sentencias pues siempre está abierta la posibilidad de la revisión ante la justicia federal.

En Estados Unidos, cuya estructura judicial es idéntica a la mexicana, son muy pocos los casos que pueden salir de la justicia local a la federal; en nuestro país, un asunto tan insignificante como una multa de tránsito de 100 pesos puede ser revisado a nivel federal.

"Otro problema es que el proceso es totalmente impersonal", dijo el penalista José Luis Nassar Daw.

Los magistrados sólo conocen expedientes, casi nunca tienen contacto con las personas involucradas, y sus pláticas con los litigantes son informales y "en corto".

"Deberían formalizarse estas reuniones a fin de que se permita al justiciable, en un espacio razonable, exponer sus argumentos verbalmente ante los tres magistrados y sus secretarios", señaló López Alonso.

El magistrado Jean Claude Tron Petit enumeró otros problemas: hay manejo ineficiente de las cargas administrativas entre los cerca de 50 empleados de cada tribunal; a veces los tres magistrados no se llevan entre ellos, lo que provoca "decisiones arrebatadas y hasta caprichosas", y son frecuentes las sentencias poco claras.

Los tiempos varían radicalmente. Los colegiados de la capital, por ejemplo, tardan un promedio de 44 días para resolver un amparo directo, pero los de Sonora se tardan 277 días y los de Quintana Roo toman 251 días.

El amparo directo es el juicio que permite a los tribunales federales revisar las sentencias dictadas por los tribunales estatales y administrativos.

En el Distrito Federal se concentran 55 tribunales colegiados. Estadísticas del Consejo de la Judicatura indican que por cada 100 mil habitantes, estos órganos reciben 905 demandas, mientras que en Nuevo León -que se encuentra en segundo lugar-, el índice es de 319 demandas.

 

Los rebotes y las contradicciones

Ricardo Salgado señaló que la expansión del número de tribunales y la constante rotación de magistrados de uno a otro, también provoca que se presenten más criterios contradictorios sobre los mismos temas.

Ante estas contradicciones, la Suprema Corte es la que debe aclarar qué criterio prevalece. En 2000 la Corte conoció de 268 contradicciones; en 2005 fueron 465.

Uno de los aspectos más surrealistas del trabajo de los tribunales colegiados son los llamados "amparos para efectos".

El mecanismo consiste en lo siguiente: el quejoso alega cinco o seis violaciones legales de la autoridad; el tribunal resuelve sobre una de ellas, declara que existe, pero sólo ordena a la autoridad subsanarla; la autoridad corrige ese error, pero repite el acto que provocó la demanda original; el quejoso se vuelve a amparar, el tribunal detecta una nueva violación legal, pero la autoridad puede seguir repitiendo el acto de molestia al ciudadano, y así sucesivamente, a veces durante años.

"Este principio 'primero forma luego fondo' ha provocado que los litigios dilaten tres, cuatro y hasta cinco años más de lo que debería tardar un juicio", explicó Adolfo Athié, especialista en materia de propiedad industrial.

En 2003, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Amparo para impedir estos rebotes, con la idea de que los tribunales colegiados pudieran resolver en un solo momento todos los temas de un expediente para cerrarlo en definitiva.

Tres años después la reforma sigue congelada en el Senado.

 

Les llueve de todas partes

Cómo llegan los litigios a los tribunales colegiados para ser revisados como última instancia:

1. Desde los 32 tribunales de justicia estatales una vez que han pasado por dos instancias: amparos directos en casos penales, civiles, familiares y mercantiles del fuero común.

2. Desde los tribunales contencioso-administrativos de los estados: disputas de particulares con los gobiernos estatales y municipales.

3. Desde las 32 juntas locales y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje: disputas laborales.

4. Desde el tribunal superior agrario: disputas agrarias en materia ejidal.

5. Desde el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa: disputas de particulares con dependencias del Ejecutivo federal.

6. Desde los tribunales unitarios de circuito (federales): casos penales, civiles y mercantiles del fuero federal.

7. Desde los juzgados de distrito (federales): amparos indirectos de particulares contra todo tipo de autoridades federales y estatales, ya sea contra actos de autoridad o contra leyes y otras normas generales.

8. Desde la Suprema Corte de Justicia: casos en que la Corte ya dictó jurisprudencia y otros que los ministros han ido delegando a los tribunales colegiados.

 

Sentencias recientes de tribunales colegiados que hicieron historia

 

Enero 2002

El séptimo tribunal colegiado en materia administrativa declara, por dos votos contra uno, que el jefe de Gobierno Andrés López Obrador violó la suspensión otorgada por un juez para liberar accesos al predio El Encino en Santa Fe.

La sentencia fue la base para el proceso de desafuero contra López Obrador tres años después.

 

Mayo 2002

El cuarto tribunal colegiado en materia civil "salva" al sistema financiero, al aclarar que la viuda Celia Reyes no tiene derecho a cobrar un pagaré de Banco del Atlántico con la tasa de interés original, que hubiera llevado el monto a más de 440 mil millones de pesos.

 

Enero 2003

El sexto tribunal colegiado en materia civil determina que es procedente demandar por daño moral a los hospitales que dan atención médica inadecuada.

 

Feb. 2004

El octavo tribunal colegiado en materia administrativa declara ilegal la expropiación de ingenios azucareros decretada por el presidente Fox en 2001, y ordena devolver cuatro ingenios a Grupo Azucarero México.

Dos años después, la Suprema Corte confirmó este criterio al revisar amparos de otras empresas.

 

Marzo 2004

El séptimo tribunal colegiado en materia administrativa establece que las dependencias de gobierno no pueden ampararse para negar la entrega de información solicitada bajo la Ley Federal de Transparencia.

 

Nov. 2004

El cuarto tribunal colegiado en materia administrativa ordena devolver IVA por 2 mil 111 millones de pesos a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM). Agrega intereses, con lo que el monto alcanza los 10 mil millones de pesos.

 

Feb. 2005

El tribunal colegiado en Ciudad Juárez reconoce por primera vez un derecho legal a parejas homosexuales. Establece que el dependiente económico puede reclamar la indemnización por muerte del trabajador con el que estaba ligado sentimentalmente.

 

Junio 2005

El segundo tribunal colegiado en materia penal en Toluca absuelve a Raúl Salinas de Gortari del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, tras 10 años de juicio.