Alistan partidos batalla por ley de convivencia

 Por Jorge A. Pérez / 8 de noviembre de 2006

Preparan legisladores argumentos jurídicos en pro y en contra. Círigo defenderá postura del PRD; PAN prevé promover inconstitucionalidad

Ante la polémica sobre la Ley de Sociedades de Convivencia, los partidos políticos velan sus armas para la batalla que librarán en Donceles este jueves.

Mientras en la fracción del PAN ya tienen listo su voto particular para reservarse los 25 artículos de la ley, en el PRD crearon un grupo especial de diputados que, para su defensa, retomará las observaciones de magistrados del Tribunal Superior de Justicia capitalino.

Por su parte, el Partido Alternativa alista sus argumentos legales basándose en los acuerdos internacionales contra la discriminación y en ejemplos de otros países de Latinoamérica y Europa, donde se han reconocido los derechos de las minorías y los distintos modelos de familia no nuclear.

De acuerdo con los diputados panistas Miguel Errasti y Jacobo Bonilla, el Comité estatal de su partido formalizó ayer una alianza con grupos de la sociedad civil y de la Iglesia católica para tratar de frenar la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia.

Los legisladores informaron que, en caso de que la ley se apruebe, dichos grupos realizarán una campaña mediática contra el PRD "para hacerlos pagar el costo político".

En el acuerdo, los panistas aceptaron encargarse de dar el debate jurídico en la tribuna y promover una acción de inconstitucionalidad contra la iniciativa.

"Se garantizó que el PAN va en contra de la iniciativa y en hacer hasta lo imposible para evitar la aprobación o bien llevar hasta sus últimas consecuencias la acción de inconstitucionalidad", dijo Errasti.

En la justificación legal, elaborada por el equipo de la diputada Paula Soto, se discute lo "absurdo" que es crear una ley especial para dar reconocimiento y permitir que dos personas vivan bajo el mismo techo.

Además, se plantea que la Ley de Sociedades invade derechos civiles como lo son la herencia y la pensión alimenticia, los cuales sólo se adquieren a través de la figura del matrimonio.

"Para convivir no se requiere de una ley especial. Las personas lo hacen naturalmente: son sociables por naturaleza", argumentarán los panistas en el pleno de la Asamblea Legislativa local este jueves.

Errasti reconoció que la iniciativa no permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero consideró que sí abre la posibilidad para que en un futuro se legalice, igual que el derecho a la adopción para homosexuales.

En tanto, en el PRD, el diputado Arturo Santana será el encargado de definir la argumentación legal a favor, mientras que el coordinador Víctor Hugo Círigo subirá por primera vez a la tribuna para dar la pelea política sobre el tema.

Los perredistas consultados aseguraron que los argumentos del PAN tratarán de ser jurídicos, pero "al calor del debate no van a poder contenerse de su ideología".

Mauricio Toledo comentó que la Asamblea Legislativa vivirá un ambiente como en los tiempos de Benito Juárez.

"Liberales contra conservadores, así va a ser la discusión", dijo.

El Partido Alternativa confía en que de llegar el tema a la Suprema Corte de Justicia, se abrirá el debate a nivel nacional y ello podría sentar precedente en el País.

 

¿Qué es y qué no es?

Lo que se infiere de la iniciativa aprobada en comisiones este lunes es lo siguiente.

 

No es:

· Un matrimonio

· Un concubinato (puesto que no incluye trato sexual entre los convivientes)

· No contempla la adopción

 

Sí es:

· Un acuerdo entre dos personas que deciden vivir juntas:

a) en un hogar común,

b) con voluntad de permanencia

c) y ayuda mutua.

· El acuerdo puede ser entre personas de diferente o del mismo sexo.

 

Qué genera entre los convivientes:

· Derechos sucesorios legítimos (hereditarios)

· El deber recíproco de proporcionarse alimentos

· Tutela legítima: cuando uno de los convivientes sea declarado en estado de interdicción (incapacidad mental), el otro conviviente será llamado a desempeñar tutela, sólo después de dos años de convivencia previa.