Sociedades de Convivencia, asunto de congruencia democrática: CDHDF

* No es una concesión gratuita hacia la población, señala ombudsman

* Mañana, asambleístas discutirán la iniciativa

 

México DF, noviembre 8 de 2006 (Mario Alberto Reyes/ NotieSe).-

 

La aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia (LSC) no es una concesión gratuita o un favor hacia algún sector de la población, sino un asunto de congruencia democrática necesario para dar paso a la construcción de un Estado que permita el pleno ejercicio de los derechos a todos sus integrantes, expresó el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza.

 

En vísperas de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sesione para discutir y en su caso aprobar la LSC, misma que otorgaría certeza jurídica a las parejas formadas por personas del mismo sexo, Álvarez Icaza señaló que la iniciativa no debe verse como un “ajuste de cuentas”, sino como un instrumento jurídico que busca resarcir la situación de atraso en que se encuentran muchos habitantes de la ciudad.

 

El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), subrayó la importancia de que la LSC sea aprobada por unanimidad, pues sería reflejo del compromiso de todas las fracciones parlamentarias representadas en la asamblea con el respeto a los derechos humanos.

 

“Si la igualdad ante la ley no se traduce en acciones que garanticen el ejercicio de los derechos, entonces la igualdad ante la ley es una falsedad. Hoy, el fundamento de la democracia tiene un profundo sentido en la diversidad”, expresó.

 

En conferencia de prensa efectuada en la ALDF, el ombudsman manifestó su pleno apoyo a la LSC misma que mañana será discutida en tribuna, y la calificó como “principio elemental de civilidad democrática”. Además, exhortó a los grupos opositores a conocerla “para que los prejuicios no predominen en el debate público”.

 

Al señalar que la aprobación de la LSC es un tema de discusión del ejercicio de los derechos y no de moral pública, el responsable de la CDHDF dijo que dicha iniciativa no constituye una amenaza, agresión o desafío para las relaciones sociales existentes, y recomendó a los detractores preocuparse más por los abusos sexuales cometidos al interior de la Iglesia católica.