La zona dejó de ser rosa

Actos de violencia, extorsión, acoso y discriminación enrarecen el ambiente de fiesta y diversidad, incluso en los centros de reunión de la comunidad homosexual

Por: Elia Baltazar
13/11/2006

El primer golpe levantó su pómulo, el segundo rompió su labio y el tercero fracturó su dignidad: sin advertirlo, una noche de agosto Oswaldo topó de frente con los puños y patadas de un grupo de jóvenes que en la Zona Rosa lo golpearon hasta obligarlo a fingirse inconsciente para evitar que siguiera el castigo.

Oswaldo es gay y esa noche, como otras, había salido de farra con dos amigos a un bar de la Zona Rosa que se encuentra ubicado en Plaza del Ángel. A las cuatro de la mañana salieron del lugar y mientras caminaban hacia avenida Insurgentes, en la esquina de Londres y Florencia, tres hombres jóvenes, de entre 25 y 35 años, todos vestidos de negro y con chaquetas de cuero, interceptaron su paso.

"Uno de ellos le pegó en la frente a mi amigo, tratamos de huir para evitar problemas pero comenzaron a corretearnos. Me alcanzaron, me tiraron al piso y dos de ellos comenzaron a patearme mientras el otro echaba aguas. Uno de mis amigos intentó calmarlos pero también comenzaron a golpearlo y corrió". Se detuvieron sólo cuando vieron a Oswaldo inconsciente: "Fingí que me había desmayado para que ya no me pegaran y en cuanto se fueron, busqué ayuda".

Una patrulla se cruzó en su camino, lo subieron al vehículo y lo ayudaron a encontrar a su amigo, también golpeado. Por toda la Zona Rosa buscaron a los agresores, pero no los encontraron.

A bordo de la patrulla y durante la búsqueda, los policías los desalentaron en su intención de denunciar: "Me dijeron que nunca se hacía nada y yo lo único que quería era irme a mi casa".

Oswaldo recuerda bien el rostro de sus agresores y un detalle en particular: la barba de candado de uno de ellos.

Sin denuncia

En las organizaciones civiles que luchan por los derechos de la comunidad lésbico gay nada saben de este y otros ataques que involucran al mismo grupo. Tampoco en la Procuraduría General de Justicia ni en la Comisión de Derechos Humanos del DF.

Pero en la Zona Rosa abundan las historias sobre actos de violencia contra jóvenes homosexuales. Todos saben que deben cuidarse. De los policías que los extorsionan. De los viene-viene que los amenazan si no pagan por adelantado la cuota de 40 pesos al dejar su auto estacionado. De los tarjeteros que de vez en cuando les piden favores sexuales a cambio de no golpearlos. De los vendedores de drogas que acechan para enganchar. De los turistas que rondan a los más jóvenes para comprar sus favores.

Se cuidan hasta de otros jóvenes homosexuales que, en bola, actúan contra sus iguales. Se trata de grupos como las glorieteras, que reparten volantes en la Glorieta de Insurgentes y se han convertido en "una mafia de jóvenes amanerados" que se agreden entre ellos y acosan a jóvenes heterosexuales, se quejan comerciantes de la zona. "Estos muchachos tienen derechos, pero se han convertido en una plaga".

A Luis Manuel Flores no le sorprenden estas historias. Activista que promueve la prevención de VIH-sida entre los jóvenes homosexuales dedicados a la prostitución en la Zona Rosa, entre quienes reparte condones los fines de semana, sabe de la violencia que se arropa en la clandestinidad de la Zona Rosa.

"Aunque todo el mundo la identifica como un lugar gay, es muy violenta aun para los homosexuales, como todos los ambientes de gueto", dice.

Sin embargo, pocas son las denuncias por violencia o discriminación que llegan a las autoridades. En la CDHDF sorprende incluso que el número de quejas se redujera este año en comparación con los anteriores, según registros de la cuarta visitadora María Alejandra Nuño: de enero a octubre sólo contaba 13 quejas por presuntos actos de discriminación en contra de la comunidad lésbico gay. De éstas, ninguna había sido presentada por mujeres.

De ese total la mayoría corresponde a los MP por su falta de diligencia para integrar averiguaciones previas por discriminación. El segundo lugar lo ocupa la Secretaría de Gobierno como autoridad responsable de los reclusorios y el tercer lugar la policía capitalina, por presuntos hechos de extorsión o abuso de autoridad.

En la PGJDF sucede lo mismo: "son muy pocas las denuncias, en comparación con el problema de discriminación que existe", explica la subprocuradora de Derechos Humanos, Margarita Espino.

Ni siquiera el hecho de que el DF es la única entidad del país que ha tipificado la discriminación como delito penal ha ayudado a promover la denuncia entre la comunidad lésbico gay, pues sólo 11 denuncias se han presentado ante MP por presunta discriminación por orientación sexual, desde 1999.

"Aunque desde ese año se agregó al Código Penal del DF el delito de discriminación en cualquiera de sus modalidades –ya sea por posición económica, origen étnico, color de piel, edad, enfermedad, orientación sexual o por hostigamiento laboral–, fue hasta 2005 que se presentaron las primeras cinco denuncias por causas relacionadas con la orientación sexual", explicó la funcionaria.

Como sea, las denuncias por discriminación por orientación sexual ocupan el primer lugar de la lista y le siguen motivos de embarazo y por sexo, es decir, contra mujeres.

Ocurre también que en la PGJDF hay muy poca sensibilidad y conocimiento en los Ministerios Públicos sobre los derechos de la comunidad homosexual y el delito de discriminación.

"Muchos servidores públicos aún no están listos para recibir este tipo de delitos, por lo que hemos emprendido una fuerte campaña de sensibilización del tema dentro de la institución", dice la funcionaria.

El silencio

Samantha Quiroz es una joven abogada de 23 años, que acostumbraba divertirse los fines de semana en la Zona Rosa con sus amigos. Pero a finales de septiembre un hecho la obligó a cambiar su rutina. "A una de mis mejores amigas la agredieron sexualmente cuando salía de un antro gay rumbo a la Glorieta de Insurgentes para tomar el Metrobús. No la violaron, pero la manosearon y la insultaron. Eran tres jóvenes vestidos de negro y uno de ellos con barba de candado".

La joven amiga de Samantha no denunció porque en su familia y en el trabajo no saben de su preferencia sexual ni de los lugares a los que asiste. Es común, dice Antonio Medina, de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes por Homofobia: "Los chavos prefieren guardarse las agresiones antes que su familia sepa que son homosexuales, pues para muchos su preferencia sexual es motivo de vergüenza, por los prejuicios y la homofobia que persisten, dice. Pero su silencio es una manera de renunciar a sus derechos: "De nada sirven las campañas si los primeros interesados no exigen respeto. Y no sólo en las calles sino aun en los antros a los que asisten, porque dentro del ambiente gay también hay discriminación, por condición social y apariencia".

Avergonzados o no, los jóvenes homosexuales creen que de nada sirve denunciar y que "nadie hace nada" por ellos ni por su seguridad. Pero en la CDHDF la opinión es otra: "Hemos emprendido una gran campaña en contra de la discriminación, la cual incluye la promoción de una cultura de la denuncia. Pero de poco servirá lo que hagan las instituciones si la gente no ejerce su derecho para acceder a la justicia", dice María Alejanda Nuño.

"Para que les hagan un favor"

Una noche de septiembre Yadira salió de una discoteca gay que se encuentra en la calle Londres, en compañía de una amiga. Eran como las tres de la mañana. Del estacionamiento de enfrente tomaron su auto. En el semáforo de la siguiente esquina dos hombres las interceptaron y, pistola en mano, se subieron al carro. Iban vestidos de negro, con chaquetas de cuero.

"Mi amiga iba manejando y la obligaron a cambiarse al asiento de atrás."

A su lado iba uno de ellos con la pistola y el otro conducía. No las tocaron. Sólo las insultaron. Por lesbiana. "Nos dijeron de todo pero nunca nos tocaron".

Durante casi una hora las tuvieron paseando hasta que llegaron al Eje 1 Norte. "Antes de pasar Eje Central, por la Plaza de las Tres Culturas, nos obligaron a salir del auto, sin nuestras bolsas y sin dinero ni celulares. Nos dijeron que nos dejaban allí para ver si alguien nos hacía el favor".

Corrieron con suerte. Antes que nadie, una patrulla se acercó a ellas para auxiliarlas, las llevó a la agencia del Ministerio Público de la delegación Cuauhtémoc y levantaron su denuncia… por el robo de auto, que encontraron al día siguiente por el rumbo de Tlalnepantla, Estado de México.

"Estaba en un corralón y cuando lo recogimos nos dimos cuenta de que no faltaba nada. Ni siquiera nuestras bolsas. No robaron nada, ni un centavo".

Además de la larga lista de adjetivos que sus agresores le reventaron por su preferencia sexual, Yadira recuerda particularmente a uno de ellos: un hombre joven, con buena ropa y barba de candado.

De prejuicios y cosas peores

Pero el problema no sólo es la falta de denuncia sino de sensibilidad por parte de las autoridades, incluidos jueces.

"Cuando una denuncia por discriminación por orientación sexual llega a integrarse y presentarse ante un juez, es muy difícil acreditar el delito porque los jueces tampoco han mostrado mucha receptividad hacia el tema. Hemos integrado varias averiguaciones previas por discriminación y ninguna ha prosperado", dice Espino.

De hecho, una de las quejas presentadas este año ante la CDHDF involucra a un juez cuya conducta en un proceso se presume discriminatoria: "La mamá de un joven homosexual acusado de secuestro considera que ha pesado en el ánimo del juzgador la preferencia sexual de su hijo, también constantemente agredido por los custodios", explica la cuarta visitadora Alejandra Nuño.

Así, los prejuicios se imponen, priva la discriminación y la violencia se transmina por las calles de una ciudad que se niega a reconocerse diversa.

Quejas por discriminación ante la CDHDF

De enero de 2003 a diciembre de 2005, el ombudsman capitalino registró 40 quejas por hechos presuntamente violatorios de derechos humanos cometidos por autoridades en agravio de personas con orientación sexual o identidad genérica diferente a la heterosexual.

De las 40 quejas: 36 fueron calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos; dos quejas determinaron orientar al peticionario y dos más concluyeron que la CDHDF era incompetente para conocer los hechos denunciados.