Transparencia y tolerancia

Adolfo Sánchez Rebolledo / 16 de noviembre de 2006

A pesar de la bruma política nacional, dos acontecimientos de diferente naturaleza ocurridos la semana pasada ayudan a creer que es factible despejar, así sea un poco, el clima tormentoso que estamos viviendo, sin que nadie pierda la figura y sus opiniones. Me refiero, en primer término, al segundo Encuentro de Transparencia, celebrado en la ciudad de Chihuahua, convocado para examinar y suscribir una propuesta de reforma al artículo sexto constitucional, auspiciada por gobernadores de distinto origen partidista (Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas, con el apoyo de los de Baja California, Coahuila, el Distrito Federal y Veracruz), que permita extender y aplicar los principios contenidos en la Ley de Información y Transparencia a todos los niveles del gobierno y la administración pública, de modo que no se vayan quedando en el camino, como ha ocurrido con otras disposiciones constitucionales, espacios sin llenar en los ámbitos estatal, municipal o inclusive en entidades e instituciones que sin pertenecer a la esfera gubernamental reciben o manejan recursos procedentes de las finanzas públicas que por ahora nadie fiscaliza. Para decirlo con palabras de Ricardo Becerra, se busca "constitucionalizar" el derecho de acceso a la información para cancelar las opacidades que aún persisten.

En rigor, como se afirma en la exposición de motivos de la iniciativa, ésta busca trazar una perspectiva federalista, en la medida que se requiere "construir un derecho, ejercido del mismo modo y con las mismas condiciones legales e institucionales, por cualquier mexicano, en cualquier lugar, región, estado o municipio del país". Y a la vez, establecer obligaciones mínimas e iguales de transparencia exigibles a todos los gobiernos y no sólo a la Federación. Según el texto aprobado en Chihuahua se trata de salvaguardar los siguientes principios, procedimientos y objetivos: a) Principio de publicidad sujeta a excepciones por causa de interés público. b) Acceso a la información de todos los órganos del Estado y los partidos políticos. c) Un procedimiento expedito para el acceso a la información. d) Un procedimiento expedito para el acceso y rectificación de los datos personales. e) Un procedimiento de revisión de las decisiones desfavorables ante un organismo especializado e imparcial que goce de autonomía operativa, presupuestal y de decisión. f) Prueba de daño y de interés público. g) Sanciones administrativas para los servidores públicos. h) Obligación de proporcionar información. i) La existencia de archivos administrativos actualizados y confiables. j) Protección de la vida privada.

Este esfuerzo, que sus autores ven como un proceso "de la periferia al centro", sólo será realizable si gana el consenso de los congresos locales y, finalmente, se abre paso en el debate de por sí cargado del Congreso federal, pero el logro es en sí mismo importante, pues es el resultado de la colaboración de un grupo plural de gobernantes que reconocen en el tema una cuestión de interés general indiscutible y están dispuestos a realizar un esfuerzo sui generis de concertación más allá de sus motivaciones partidistas o coyunturales, lo cual permite vislumbrar que no todo está perdido si sobre la mesa se ponen ideas sensatas en beneficio de la mayoría.

En otra dirección igualmente importante, la aprobación por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la conocida Ley de Sociedades de Convivencia es un avance en la medida en que fomenta la tolerancia y la civilidad entre los mexicanos. No se trata, como pretenden sus críticos, de introducir por la puerta falsa el "matrimonio gay", sino de reconocer derechos mínimos a todas las parejas que decidan formar un hogar, independientemente de su situación o preferencia sexual, con lo cual se subsana un acto de discriminación pero también una gravísima injusticia que es causa de daños irreparables a numerosas personas cuyas vidas pasan en la incertidumbre.

Como era previsible, contra la nueva ley se han desatado feroces ­e histéricas­ reacciones provenientes de círculos religiosos y conservadores, para los cuales el laicismo no existe o, al menos, debiera entenderse al revés, como sumisión de la ley civil al ejercicio de la moral confesional.

Sin embargo, la oleada de interés y simpatía despertada en otros estados de la República por la aprobación de esta ley demuestra que la reforma apenas comienza y que los esfuerzos por desconocer el avance de la secularización en la sociedad mexicana al final resultarán inútiles, cuando no ridículos, a juzgar por la argumentación de sus adversarios más estridentes. Pero hay algo más: queda claro que en la lucha contra la desigualdad y la discriminación no hay compartimientos estancos. De hecho, la ampliación de las libertades públicas e individuales fluye a través de vasos comunicantes que ningún cálculo político puede anular en nombre de objetivos "superiores". El avance hasta ahora conseguido demuestra que, en efecto, a pesar de todo las cosas cambian y que el esfuerzo en pos de la diversidad, emprendido hace años por gente como Enoé Uranga, quien llegó a la Asamblea por el partido Democracia Social, sigue vigente. También se comprueba, como en el caso de la iniciativa aprobada en Chihuahua, el peso creciente de las iniciativas locales para marcar pautas y objetivos al proceso legislativo nacional. Bienvenidos sean estos ejercicios de coherencia democrática, tan escasos en los tiempos que corren.