Tolerancia y respeto a la diferencia

Miguel Concha / 18 de noviembre de 2006

El pasado jueves se conmemoró el Día Internacional para la Tolerancia, virtud pública de una asociación política para la libertad, que en su versión democrática el Estado tiene ahora la obligación moral de practicar y difundir, y, sobre todo, la responsabilidad política y jurídica de asegurarla constitucionalmente. Para ello debe mantenerse neutral ante las diferentes convicciones, opiniones y opciones políticas, respetar la pluralidad social, garantizar la igualdad de trato de todos ante la ley y, más que nada, para lograrlo, reconocer en su marco jurídico el derecho humano inalienable a la no discriminación, por cualquier motivo, de las personas y de los grupos.

Debe también, por ello, abstenerse de reprimir en la práctica y en las leyes el derecho legítimo a la manifestación, a la disidencia y a la protesta social pacíficas, más allá de argumentaciones legaloides y declaraciones retóricas, propias de autoridades que tienen muy poco de democráticas.

Como afirmó Gilberto Rincón Gallardo el 17 de noviembre de 1999, en la mesa redonda que sobre el tema de La tolerancia de cara al nuevo milenio se realizó en la Universidad Iberoamericana, es preciso trascender en este siglo XXI el sentido de la tolerancia como simple actitud de aceptación renuente de quien piensa distinto, muy propio de la cultura conservadora de nuestro país, y plantearla como un valor ético que sólo puede tener consistencia si es plasmado y tutelado política y jurídicamente.

A propósito de la diversidad cultural, la propia UNESCO expresó también el 16 de noviembre de 1995, en su declaración sobre la tolerancia, que era necesario que esta virtud o valor personal se convirtiera en una "obligación política y jurídica", para lo cual tendrían que institucionalizarse y protegerse de manera efectiva, por parte del Estado, "todos los derechos universales propios de una ciudadanía democrática".

A ello se debe que el constituyente permanente haya por fin prohibido por primera vez en nuestro país, el 14 de agosto de 2001, en el artículo 1 de la Constitución, toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, incluida expresamente la motivada por preferencias, orientación o inclinación sexual; y que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación haya obligado a los poderes públicos federales, desde el 11 de junio de 2003, a eliminar todos los obstáculos que limiten en los hechos la igualdad efectiva de las personas y el ejercicio real de su libertad. Se debe también a que, en congruencia con la Constitución de la República, el 19 de julio de 2006 haya sido publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en esta ciudad, que entre otras cosas obliga a los entes públicos de esta capital a apegarse en su actuación "a los instrumentos nacionales e internacionales aplicables en materia de derechos humanos y no discriminación de los que México sea parte, así como las normas, declaraciones, principios, recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y regionales (artículo 7)", e instituye como política pública del Gobierno del Distrito Federal "que el principio de igualdad y no discriminación regirá en todas las acciones, medidas y estrategias que implementen los entes públicos en sus respectivas competencias".

Por ello, en el contexto de esa conmemoración, y con fundamento explícito en este marco político y jurídico, el pasado jueves el actual jefe de Gobierno informó que, atendiendo a la recomendación del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, había firmado el decreto de la Ley de Sociedades de Convivencia en esta ciudad capital, que establece obligaciones y garantiza algunos derechos elementales (prestación de alimentos, sucesión, tutela, pensión alimentaria y reparación del daño) a quienes conviven bajo una forma o estructura distinta y alternativa al matrimonio o al concubinato, y les abre la puerta para poder ejercer en el futuro otros derechos civiles, cuando se armonicen de manera conveniente los preceptos legislativos correspondientes.

Sin embargo, no está por demás enfatizar en nuestros días que frente a las inclinaciones, incluso "legales", de descalificar y criminalizar el derecho a la manifestación, la disidencia y la protesta social, como acontece en varias entidades de la República y sucede con una vieja iniciativa contra el terrorismo internacional, que se quiere hacer pasar como si nada la semana próxima en el Congreso, es fundamental que la sociedad esté alerta y se movilice para exigir el respeto en el ejercicio de sus libertades públicas, pues, como afirma el doctor Pablo Latapí en su libro El debate sobre los valores en la escuela mexicana, esta actitud fundamental de la tolerancia es indispensable para que se respeten las libertades y derechos civiles de todos.