Erróneo, el debate de las Sociedades de Convivencia

Daniel Díaz/Cambio de Michoacán

Domingo 10 de Diciembre de 2006

Para el asesor jurídico del Instituto Michoacano de la Mujer (IMM), Joel Caro Molina, el debate en Michoacán sobre la propuesta de Ley de Sociedades de Convivencia se ha centrado erróneamente en la «cuestión homosexual», porque supuestamente se trata de una ley gay, lo cual resulta jurídicamente falso y políticamente peligroso.
 

En entrevista exclusiva, el funcionario explicó que el debate es muy claro en torno a la Ley de Sociedades de Convivencia que promueve la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Citlalli Fernández González, pues se trata de resolver una necesidad social apremiante, es decir, «el reconocimiento y la protección de diversas formas de organización de la familia, de convivencia y solidaridad mutua entre seres humanos, mucho más allá de sus preferencias sexuales». Y ejemplificó: «No por nada la ley análoga en Francia tiene una denominación que refleja claramente su contenido: Pacto Civil de Solidaridad».
 

Agregó que las expresiones que censuran el debatido ordenamiento jurídico lo hacen sobre la base de que se trata de una ley gay, por lo tanto, «el debate así planteado logra evadir el reconocimiento de lazos de solidaridad mucho más allá de las preferencias sexuales de las personas. Significa establecer un silencio, y consecuentemente una negación contra todas aquellas personas que, no siendo homosexuales, viven bajo el supuesto de la ley y por ella quedan desprotegidas».
 

La derecha conservadora, comenta Caro Molina, afirma que esta iniciativa de ley atenta contra la institución de la familia, cuando sucede lo contrario. «No entiendo nada de lo que esos señores entienden por familia, misma que prácticamente ha adoptado formas superiores de organización mucho más avanzadas que las fuerzas de deshistoricización representadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y sus secuaces grupos de corte Provida, quienes pretenden inútilmente seguir conservando un esquema de relación a todas luces ficticio, mediante la negación de formas de vida solidarias cada vez más generalizadas», criticó el funcionario.
 

Aseguró que la derecha se aferra desesperadamente a una «fantasía que se derrumba sobre sus cabezas; la necesidad está mucho más allá de su voluntad y de sus escenas tramposas y discursivamente evasivas».
 

Caro Molina mencionó que le parece inconcebible que a estas alturas de la realidad social y jurídica del mundo y de nuestro país se sigan pronunciando, «expresiones de rechazo e intolerancia hacia los homosexuales, siendo que la discriminación por razones de preferencia sexual se encuentra claramente prohibida por nuestra Carta Magna, y no sólo eso, sino que además la discriminación ya se encuentra prevista como delito, al menos en el Código Penal del Distrito Federal; pese a lo cual, por ejemplo, el presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia se atreve a decir aberrantemente que esta ley promoverá las relaciones antinatura de los homosexuales».
 

Al respecto, se le pregunta al funcionario sobre qué implicaciones penales tiene ese tipo de discriminación, y señala: «¿acaso no se percata de que lo que dice se encuentra en la conducta criminal descrita en el artículo 206 del Código Penal, que sanciona con una pena de uno a tres años de prisión y de 50 a 200 días de multa al que, por razón de orientación sexual, provoque o incite al odio o la violencia?».
 

Al final, Caro Molina, dijo que es tiempo de que estos «supuestos defensores de la moral -los militantes o simpatizantes panistas- aprendan a ser «civilizados» y de que los ciudadanos «no permitamos ya sus actos de odio y homofobia, y en tal caso se les aplique la ley, con la misma mano dura que tanto se pregona por allí».