La debilidad del Estado

Por Javier Hurtado / 15 de diciembre de 2006

Si algo demuestran las recientes decisiones que ha estado anunciando el gobierno federal no es la fortaleza sino el grado de debilidad al que ha llegado el Estado mexicano. Esta situación -propia de países con bajo nivel de desarrollo-, que se define como "déficit de estatalidad", se caracteriza por la incapacidad del Estado: 1. Para aplicar el Estado de derecho y brindar seguridad a sus integrantes, y 2. Para extraer legalmente recursos de la sociedad para poder financiar los bienes públicos que ésta demanda. No se requiere mayor esfuerzo para darnos cuenta de que tal situación se debe principalmente a la debilidad y a la obsolescencia de sus instituciones. Si empezamos por reconocer lo anterior podemos percatarnos de que los graves problemas financieros y jurisdiccionales del México de nuestros días no se van a resolver haciendo recortes presupuestales ni aplicando la fuerza bruta para la resolución de los conflictos políticos y sociales.

Ahora bien, ¿cuáles podrían ser algunas de las principales causas de esta debilidad del Estado? Mencionaré algunas que me parecen las más relevantes, y no por orden de importancia: 1. La ausencia de lo que podríamos denominar como lealtad institucional o republicana: los gobernantes y líderes políticos privilegian sus intereses personales o de grupo sobre los del país, y tratan de sacar ventajas no de un esquema de suma positiva en la que todos ganen, sino incluso de uno de suma negativa o hasta nula, en el sentido de que los beneficios se obtengan por causar problemas y no por resolverlos; o bien, de un esquema en el que lo que una parte gane sea producto de lo que la otra pierda (o de que nadie gane). 2. La corrupción: según datos del Barómetro Global de la Corrupción 2006, dado a conocer por la fundación Transparencia Internacional el pasado sábado en Bruselas, Bélgica, y que contiene datos de una encuesta aplicada a 60 mil personas en 62 países, México es (junto con Bolivia) líder en materia de corrupción en América Latina y el octavo país más corrupto del mundo, de entre los 62 considerados (a tal grado ha llegado la situación que hasta existen chistes que dicen que ese problema "se resuelve con una feria"). 3. La debilidad fiscal del Estado: en nuestro país se pierden al año 27 mil millones de dólares por evasión fiscal; 2 millones 200 mil personas tienen adeudos y rezagos importantes con el fisco; y México es uno de los países que menos gravan a los que más ganan (parece que el gobierno les tiene miedo), al imponerles una tasa del 34 por ciento, cuando en Canadá es del 46 por ciento, en Estados Unidos del 41 por ciento, en España del 45 por ciento, en Finlandia del 53 por ciento y en Dinamarca del 59 por ciento. No es casual que los países que más gravan a los que más ganan sean, al mismo tiempo, los que más captan fiscalmente y los menos corruptos, pues los contribuyentes encuentran incentivos para cumplir, no como en México, donde la gente no paga impuestos porque dice que los gobernantes se los roban.

Todo lo anterior se ve traducido en lo que está ocurriendo hoy en día en la discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Al margen de los factores de carácter político que están interviniendo, también es cierto que no alcanzan los recursos para satisfacer todas las necesidades. Pero, también lo es que todos los actores políticos están "viendo nada más para su santo" y por ningún motivo ceden con reducciones presupuestales para lo que representan, sino que tratan de obtenerlas a costa de terceros (universidades, indígenas, enfermos con VIH, promotores culturales, etcétera). A este respecto, pongo nada más dos ejemplos: 1. ¿Por qué la Cámara de Diputados no predica con el ejemplo y reduce sustancialmente gastos no urgentes ni indispensables, como los 4 mil 701 millones destinados para remozar sus instalaciones?; y 2. ¿Por qué los partidos políticos, a través de sus diputados, no hacen lo mismo y aprueban una baja sensible a los más de 2 mil 600 millones de pesos que se les deben entregar el año que entra, en el que no hay elecciones federales. No es posible que a los partidos políticos se les aumente un 27 por ciento el presupuesto y a las universidades se les intente disminuir en un 7.7 por ciento. Tampoco puede ser que a la Profepa se le destinen 728 millones para 2007; al PAN, 737, y al PRI, 613.

De este tipo de situaciones se deriva la urgencia de que en México se fortalezca la capacidad institucional del Estado y no necesariamente su fuerza coactiva o su discrecionalidad, ya que, de no hacerlo, podemos caer en dos de las tres alternativas que Marcelo Cavarozzi ve en la relaciones contemporáneas entre sociedad y gobierno: una, que "la sociedad gobierne a un gobierno que no gobierna" (espejismo democrático); o, dos, un Estado con "una sociedad gobernada por un gobierno al que no gobierna" (tentación autoritaria). En nuestro país, la fortaleza del Estado debe acercarnos lo más posible a lograr uno en el que "la sociedad gobierna a un gobierno que gobierna". La fortaleza de las instituciones deriva necesariamente de la reforma de las instituciones para que, a partir de cambiar las reglas del juego, los ciudadanos encuentren incentivos para su cumplimiento y no por su violación.